<ul>  	<li dir="ltr"> <p dir="ltr" role="presentation">La nueva legislación está enfocada en habilitar los derechos de las personas, que faciliten su vida diaria</p> </li>  	<li dir="ltr"> <p dir="ltr" role="presentation">Cada entidad deberá nombrar una autoridad estatal en la materia para adoptar los modelos de simplificación, digitalización y atención ciudadana para homologar procesos</p> </li> </ul>
  • La nueva legislación está enfocada en habilitar los derechos de las personas, que faciliten su vida diaria

  • Cada entidad deberá nombrar una autoridad estatal en la materia para adoptar los modelos de simplificación, digitalización y atención ciudadana para homologar procesos

Con la instalación de mesas de trabajo con representantes de las 32 entidades del país, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno de México inició la ruta para la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNTB) enfocada en simplificar trámites para facilitar los derechos de las personas.

La directora general de Simplificación Administrativa, Crystel Arellano Moreno, señaló que el objetivo central de la legislación es reducir requisitos y tiempos de resolución de los trámites más frecuentes con la homologación y la adopción de los modelos nacionales de simplificación y de digitalización por parte de los gobiernos estatales que contarán con el acompañamiento técnico y normativo de la ATDT.

En ese sentido, explicó que uno de los principales cambios respecto con la anterior ley de mejora regulatoria, es que la nueva legislación incluye trámites del sector económico-productivo, los cuales se apegan al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero sobre todo impacta en la vida diaria de las personas.

“Va enfocado en beneficio de las personas, la ley es facilitadora de derechos, es poner los derechos de todas las personas al interior de los tres órdenes de gobierno; la tarea de ustedes es sumamente importante”, resaltó Arellano Moreno al inaugurar la primera sesión de las mesas de trabajo, realizadas en el Palacio Postal.

Añadió que el modelo nacional de simplificación implica analizar cada trámite para eliminar los requisitos sin sustento legal y que estén disponibles de manera digital con la misma validez que los que se realizan de manera presencial, además de aplicar el principio de buena fe ciudadana, lo cual evitará pedir documentos a la ciudadanía que ya obren en poder de la autoridad.

En el encuentro se detalló que como primer paso se deberá crear una autoridad estatal con facultades en materia de simplificación digitalización y deberán impulsar la inscripción de los trámites de los municipios para conformar y actualizar el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, que integrará inicialmente 270 trámites estatales y 100 municipales, el cual será dinámico y se actualizará de manera constante según las necesidades locales.

El coordinador de simplificación de la Administración Pública Federal, Aldo Domínguez Ordoñez, mencionó el plan de trabajo y la agenda de simplificación y digitalización que cada entidad deberá integrar con las mejoras en los trámites más frecuentes y los de mayor costo burocrático e incluir las propuestas que reciban de la ciudadanía.

En su participación, la coordinadora del Centro de Tecnología Pública, Patricia de Stefano García, resaltó que a través de la Escuela Pública de Código se ofrece capacitación a personas servidoras públicas en desarrollo de software, programación y gestión de datos abiertos con la visión de que los gobiernos locales cuenten con personal propio para crear y dar mantenimiento a sus propias plataformas o sistemas digitales y evitar la dependencia de proveedores privados.

A la par, se construye el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, donde estados y municipios podrán compartir y reutilizar código desarrollado con recursos públicos, que fomentará la soberanía tecnológica.

También se detalló que como parte de la implementación de la LNTB se contemplan cuatro proyectos prioritarios: Registro Civil, Ventanilla Única, Registro Público de la Propiedad y Catastro Digital, todos con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad, mejorar la certeza jurídica, fortalecer las finanzas locales y reducir los espacios de discrecionalidad en la atención pública, y con la digitalización de estos sistemas se permitirá, por ejemplo, realizar pagos prediales en línea, consultar mapas cartográficos actualizados y realizar trámites sin intermediarios ni desplazamientos innecesarios.

En tanto, la directora general de Atención Ciudadana, Adriana Báez Ricardez expuso que se desarrollará un nuevo modelo de atención ciudadana digital, el cual no sustituye a sus respectivos canales de contacto con la ciudadanía sino en que se estandarice la atención tanto de manera presencial o mediante medios digitales y que sea más accesible, centrada en la experiencia de las personas usuarias y además garantice brindar información adecuada con calidad y eficacia.

El calendario de implementación contempla tres hitos principales: la publicación de los lineamientos de aplicación de la ley antes de que concluya el 2025; la creación formal de las nuevas autoridades estatales de simplificación y digitalización para principios del 2026; y la designación de enlaces especializados en cada dependencia en el primer trimestre del siguiente año y para el final de año próximo se planea que la mayoría de los trámites estatales y municipales se encuentren digitalizados.

La implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos busca reducir la discrecionalidad, la corrupción y los costos burocráticos. También pretende garantizar transparencia, certeza jurídica y que la tecnología beneficie a las personas.

En la primera sesión asistieron representantes de las zonas centro y norte de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, quienes también compartieron sus avances y resolvieron dudas.

En el segundo y último día de las mesas de trabajo participaron servidores públicos de las zonas sur y centro de las entidades de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán.